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Revelación sobre el Consejo de Seguridad irá a la Concertación

La Concertación Nacional se creó luego que el Órgano Judicial estuviera envuelto en un escándalo de supuestas ventas de fallos denunciadas por un magistrado de aquel entonces.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, debe darle trámite. / Achivo | La Estrella de Panamá
ACHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁ
El procurador de la Administración, Rigoberto González, debe darle trámite.

Ismael Gordón Guerrel
igordon@laestrella.com.pa

La Comisión de Justicia de la Concertación Nacional para el Desarrollo se reunirá y analizará cada una de las revelaciones hechas por La Estrella de Panamá , por medio de la serie de reportajes que informaban sobre una justicia paralela.

Enrique De Obarrio, miembro de la Concertación Nacional, expresó su preocupación por las publicaciones resultantes del trabajo investigativo del diario , en el que se informa sobre manejos irregulares a nivel del Órgano Ejecutivo que podrían representar un delito en detrimento del sistema de administración de justicia.

‘El asunto es tan delicado que exige, como mínimo, el inicio inmediato de una investigación de oficio por parte del Ministerio Público, para determinar la verdad, deslindar responsabilidades y salvaguardar la integridad de procesos en curso’, aseguró De Obarrio.

El que coincidió con De Obarrio fue el candidato presidencial de Cambio Democrático, Rómulo Roux, quien aseguró que ‘urge una investigación de inmediato, luego de revelado cómo se utilizó el Consejo de Seguridad Nacional y la Procuraduría, al mejor estilo del G2 en época de la dictadura militar. Lo que se ha vivido en este país durante los últimos cinco años es un terrorismo judicial, exigimos inicie de inmediato una investigación’.

ESPACIO PARA EL DEBATE

El Consejo de la Concertación Nacional es el espacio de diálogo y consulta constituido mediante Ley 20 de 2008, donde convergen diversos sectores, quienes de manera participativa y concertada trabajan en la búsqueda de acuerdos y consensos sobre temas nacionales relevantes.

La Concertación Nacional se creó luego que el Órgano Judicial estuviera envuelto en un escándalo de supuestas ventas de fallos denunciadas por un magistrado de aquel entonces.

DENUNCIAS

Luis Eduardo Camacho presentó ayer ante la Procuraduría de la Administración una denuncia ciudadana en contra de Kenia Porcell, actual procuradora General de la Nación; contra Rogelio Saltarín, socio de la firma de abogados Saltarín, Arias & Asociados; contra Rolando López, actual secretario del Consejo de Seguridad Nacional; y contra Fernando Berguido, exembajador de Panamá en Italia, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los funcionarios públicos.

LOS DENUNCIADOS

La acción legal se presentó en la Procuraduría de la Administración

Kenia Porcell, procuradora de la Nación.

Rogelio Saltarín, abogado consultor.

Alvaro Alemán, exministro de la Presidencia.

Rolando López, secretario del Consejo de Seguridad.

Fernando Berguido, exembajador en Italia.

Camacho, vocero de Ricardo Martinelli, llegó a la Procuraduría de la Administración acompañado de Alma Cortés y de simpatizantes de Cambio Democrático, colectivo que fundó Martinelli.

Las pruebas presentadas por Camacho en el documento son cinco entregas periodísticas de La Estrella de Panamá.

En la denuncia presentada por Camacho se menciona que a Porcell se le está denunciando públicamente por la supuesta participación en una presunta ‘organización criminal’ financiada por el Órgano Ejecutivo para armar todos los expedientes en contra de exfuncionarios de la administración Martinelli – Varela (2009-2014), conjuntamente con Saltarín, socio del bufete de abogados Saltarín, Arias & Asociados, López, secretario del Consejo de Seguridad y demás funcionarios públicos mencionados en los reportajes de ‘La Decana’.

La firma de abogados de Saltarín logró el contrato Nº 16/20015, de consultoría externa por 18 meses.

De acuerdo con la denuncia de Camacho, en el tiempo de la consultoría se fueron utilizando artimañas para estructurar supuestos casos de corrupción, disfrazaban sus actuaciones penales (usurpación de funciones públicas) como reportajes legales y los utilizaban como noticia; incluso, hasta elaboraron denuncias anónimas contra exfuncionarios del otrora gobierno para abrir viciadas investigaciones y utilizarlas para perseguir opositores al gobierno, encarcelar y aplicar medidas cautelares de toda índole.

En la denuncia de Camacho se le pide, por razón de competencia, al procurador de la Administración, Rigoberto González, que compulse copias de la denuncia a las autoridades competentes para que se inicien las investigaciones de los ministros, exministros, embajadores y todas las personas mencionadas como autores, partícipes, coautores, señalados como los armadores de expedientes, quienes presuntamente usurparon funciones públicas de investigación judicial, sin estar investidos de las facultades legales para ello.

Con información de Gustavo Aparicio.

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