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Los cambios a la ley de descentralización: fondos y planilla para la emergencia

Los cambios a la ley de descentralización: fondos y planilla para la emergencia
El pasado 15 de mayo, el presidente Laurentino Cortizo sancionó los cambios a la ley de descentralización. Raúl Valdés

Con la recién sancionada Ley 155 del 15 de mayo, los municipios y juntas comunales del país podrán usar el Impuesto de Bienes Inmueble para funcionamiento, pero además tienen la potestad de contratar “mano de obra” para realizar labores específicas, durante y después de la emergencia nacional.

Sin embargo, dirigentes de la sociedad civil organizada exigen que dichos recursos se manejen con transparencia y sin criterio político.

La norma cuenta con seis artículos.

Se establece que “durante la vigencia de 2020 , los municipios podrán destinar el 100% del monto final que reciben en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles, incluyendo todos los saldos no comprometidos en los años fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 para gastos de funcionamiento”. Estos recursos no comprometidos eran para obras que no lograron adjudicarse y que se van acumulando.

La norma también señala que mediante acuerdo municipal se podrá incrementar el renglón presupuestario denominado “personal transitorio”.

Por ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha informado cuánto dinero se le distribuirá a los gobiernos locales; sin embargo, fuentes ligadas al sector aseguran que solo para 2020 los fondos rondarían los $200 millones, si el gobierno central no ha usado parte de esta partida para cubrir necesidades asociadas con la pandemia del coronavirus.

Cristian Ábrego, de la Fundación Conciencia Ciudadana, dijo que espera que haya transparencia y auditoría de esos recursos. “En lugar de enfocar todos los recursos en mantener los empleos de funcionarios, se debió reducir los gastos de representación y movilización de alcaldes y concejales”, opinó.

Por su parte, Carlos Pérez Herrera, representante del corregimiento de San Francisco, en la capital, indicó que muchos desconocen que si no se les hubiese permitido utilizar los fondos para funcionamiento, en vez de obras, los municipios iban a tener que cerrar, al igual que las juntas comunales y las casas de paz.

Afirmó que todos los meses deben rendir informes de cómo se usan esos fondos ante la Contraloría General de la República y aclaró que no pueden hacer compras por más de $1,000. “Sí existen controles para el uso de esos fondos”, dijo, pero la Ley 155 no dice cuáles son estos.

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