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Las promesas de transparencia en el Legislativo quedaron en palabras-La Prensa Panama

Las promesas de transparencia en el Legislativo quedaron en palabras

“La defensa de la institucionalidad, la transparencia y la modernización de esta corporación son prioridades de una agenda parlamentaria”. Con estas promesas inició su gestión el actual presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, cuando asumió el cargo el pasado 1 de julio.

Ese día Castillero invitó a sus colegas a hacer los cambios necesarios al reglamento interno del Legislativo para transparentar las votaciones en el pleno, de tal forma que la sociedad conozca cómo vota cada diputado en cada uno de los temas que se aborden.

Sin embargo, a la luz de lo que plantean analistas políticos y dirigentes de la sociedad civil organizada, la transparencia no ha sido la norma en la Asamblea Nacional y, de hecho, los planes de reformas internas han sido aplazados.

Durante estos seis meses el Ejecutivo ha dominado la agenda legislativa. En el período de sesiones ordinarias, de julio a octubre, los temas de transparencia y anticorrupción por parte de los diputados han quedado en subcomisiones, como una tarea pendiente del próximo período que arranca el 2 de enero de 2020.

La página web de la Asamblea no cumple con todos los datos que pide la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) con base a la Ley 6 de enero de 2002. Por ejemplo, no publica completa las planillas, razón por la que Elsa Fernández, directora de la Antai, dijo a este medio que ha tenido conversaciones con el presidente Castillero en busca de subsanar este escollo.

La Asamblea, además, ha hecho gastos en múltiples contratos para remodelación del Palacio Justo Arosemena, tanto en el edificio antiguo como en el nuevo y en temas de seguridad, así como la mejora del portal web de ese ente. En seguridad yremodelaciones, el gasto sobrepasa el millón de dólares.

El politólogo Richard Morales opinó que esta ha sido una Asamblea «negociadora”. Sustentó que pesar de que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y la junta directiva de la Asamblea son controladas por la misma agrupación política (el Partido Revolucionario Democrático), el Ejecutivo se ha visto obligado a hacer concesiones importantes para concretar su agenda. «Ha sido una Asamblea dominada por la agenda del Ejecutivo con la correlación de fuerzas a lo interno del PRD determinando los resultados. Ha sido poco transparente, sin rendición de cuentas por sus gastos, con una relación antagónica con la sociedad, que se evidencia con la inversión en medidas de seguridad y la conflictividad en el debate por las reformas constitucionales”, expresó.

Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, indicó que aún hay aspectos pendientes a nivel de transparencia, productividad y calidad en el quehacer de este órgano Estado. «Los ciudadanos ahora somos muchos más exigentes y participativos, lo cual ha obligado a los diputados a brindar un poco más de información. Sin embargo, lo que se ha hecho en estos primeros meses se queda corto frente a las altas expectativas ciudadanas», dijo.

El también politógo Carlos Guevara-Mann es categórico al calificar como “desastroso” este período de la Asamblea. “Diputados ignorantes, con bajísimo nivel intelectual y moral han utilizado sus curules para realizar los pronunciamientos más descabellados y ofensivos; para presentar las propuestas más perniciosas; y para vender sus votos a cambio de prebendas y canonjías. Son una vergüenza nacional. Si algo demuestra su actuación es la imperiosa necesidad de cambiar totalmente el sistema de elección de diputados”, consideró.

En su opinión este cambio no se logrará mediante una reforma constitucional como la propuesta por el Ejecutivo, ni siquiera con la facilitación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. «Queda claro que solo una constituyente originaria y soberana podrá realizar los cambios que urgentemente se requieren, dentro de un formato democrático”, opinó.

Christian Ábrego, del Movimiento Conciencia Ciudanana, manifestó que a pesar de que en las elecciones del 5 de mayo de 2019 se impuso el «no a la reelección» (36 de los 50 que pretendían quedarse en el cargo no lo lograron), pareciera que esta Asamblea es igual o peor que la anterior. «No hay rendición de cuentas, no hay discusión sobre leyes anticorrupción, siguen estando las planillas abultadas allí y no están actuando con transparencia.», dijo.

Gabriel Tribaldos, del Movimiento Independiente, aseguró que esta gestión legislativa ha sido un «fracaso». Se basa en que los proyectos de ley que buscan combatir la corrupción como la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, la «muerte civil» y los cambios al reglamento interno del Legislativo han quedado archivados o aplazados. Dijo que el esperanzador discurso de Castillero al inicio de su gestión chocó con los hechos. En el caso de la reforma constitucional, explicó, los diputados en vez de responder al clamor ciudadano demostraron mayor interés por beneficarse a sí mismos con el resultado de la reforma.

Hablan los diputados

El diputado por la libre postulación, Raúl Fernández, dijo que están anuentes a los temas pendientes como el del reglamente interno del Legislativo y se harán las consultas por parte de la Comisión de Gobierno para hacer los cambios que espera la ciudadanía. “Y que la Asamblea se renueve y se modernice, como fue promesa de campaña del 80% de los diputados que conformamos esta Asamblea”, manifestó.

Por su parte, el perredista Leandro Ávila, quien sí se reeligió en mayo pasado, aseguró que en un semestre no se pueden agotar todos los temas. Justificó que se aplazaran estos temas, ya que debían contribuir con evacuar la agenda económica que propuso el Ejecutivo. “Obviamente ahora debemos trabajar en los temas de transparencia”, prometió.

La Comisión de Gobierno de la Asamblea prohijó en agosto el proyecto de imprescriptibilidad, pero aún no ha sido en primer debate. Esta iniciativa, presentada por el diputado Juan Diego Vásquez, establece, entre otras cosas, que el servidor público que distraiga, malverse de cualquier forma o consienta que otros se apropien de dinero, valores o bienes, cuya administración o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo, será sancionado con prisión de 8 a 16 años. Este proyecto también busca la eliminación de la prueba idónea para comenzar la investigación de los diputados.

Otra iniciativa pendiente en esta instancia legislativa y que fue enviada a una subcomisión es la presentada por el diputado Gabriel Silva, que plantea que los diputados hagan declaración de bienes patrimoniales.

Las tareas pendientes

Mientras que la Comisión de Credenciales, que preside el perredista Roberto Ábrego, mantiene pendiente la discusión del proyecto que busca reformar el reglamento interno de la Asamblea. Con estos cambio se busca, entre otras cosas, que los diputados que no asistan al pleno se les descuente su salario.

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